El caso ocurrido en Lázaro Cárdenas reabre el debate sobre las sanciones a menores por delitos graves.
Un juez especializado en justicia para adolescentes determinó el internamiento preventivo de Osmar “N”, estudiante de 15 años acusado de asesinar a dos profesoras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, en un caso que ha generado conmoción a nivel nacional.
Durante la audiencia inicial realizada en Morelia, se autorizó la duplicidad del término constitucional, por lo que el proceso continuará el próximo 30 de marzo. Mientras tanto, el menor permanecerá en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, donde recibe asesoría legal.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán imputó al adolescente por los delitos de feminicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. De acuerdo con las autoridades, el ataque fue perpetrado con un rifle de asalto, lo que elevó la gravedad del caso.
El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen, incluyendo la búsqueda del teléfono celular del menor, con el objetivo de analizar posibles influencias externas, como contenidos en redes sociales o la participación de terceros.
Además, las autoridades realizaron un cateo en el domicilio del adolescente, donde encontraron diversos elementos que actualmente son analizados, incluyendo medicamentos relacionados con su tratamiento médico.
Uno de los aspectos que más ha generado debate es que, debido a su edad, el menor enfrentaría una sanción máxima de tres años de internamiento en caso de ser encontrado responsable. La legislación vigente establece que solo los adolescentes mayores de 16 años pueden recibir penas más altas, de hasta cinco años.
Ante este escenario, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que impulsará una iniciativa para que menores que cometan delitos de alto impacto puedan ser juzgados como adultos, lo que implicaría sanciones más severas.
El caso ha puesto en el centro del debate nacional los límites del sistema de justicia para adolescentes y la necesidad —según autoridades— de revisar el marco legal ante hechos de extrema violencia.
