PRI Michoacán propone tipificar el reclutamiento forzado como delito en el Código Penal

PRI Michoacán, a través de Memo Valencia, presentó una iniciativa para incorporar el reclutamiento forzado al Código Penal estatal, con el objetivo de fortalecer el combate al crimen organizado y ampliar las herramientas jurídicas para sancionar esta conducta.

PRI Michoacán dio a conocer una iniciativa legislativa impulsada por Memo Valencia para tipificar como delito el reclutamiento forzado de personas, una práctica que, señaló, actualmente no se encuentra contemplada en el Código Penal de Michoacán. La propuesta plantea sanciones de hasta 40 años de prisión para quienes obliguen a personas a integrarse a grupos delictivos mediante amenazas, violencia, extorsión o cualquier otro mecanismo de coerción.

Durante la presentación de la iniciativa, se explicó que la ausencia de esta figura jurídica limita la capacidad de las autoridades para perseguir y castigar una conducta que, de acuerdo con diversos reportes, se presenta en distintas regiones del estado. Además, se expuso que incorporar este delito permitiría fortalecer las investigaciones, agravar las penas cuando exista concurrencia con otros ilícitos y brindar mayores herramientas legales a ministerios públicos y juzgadores.

Asimismo, Memo Valencia señaló que la defensa de las familias michoacanas requiere actualizar el marco jurídico para responder a las nuevas formas de operación del crimen organizado. Indicó que los grupos delictivos han diversificado sus mecanismos de control territorial mediante el reclutamiento forzado, una práctica que genera desplazamiento, vulnera los derechos de las personas y afecta de manera directa la seguridad de las comunidades.

Finalmente, PRI Michoacán hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar y dictaminar esta propuesta, al considerar que atender los vacíos legales resulta indispensable para fortalecer la procuración de justicia. El partido sostuvo que adecuar la legislación a la realidad que enfrenta Michoacán permitirá mejorar la respuesta institucional frente a un fenómeno que representa uno de los principales desafíos para la seguridad pública y la paz social.