El PRI Michoacán y Memo Valencia, señalan una crisis institucional ligada a la infiltración del crimen organizado

El debate sobre la relación entre política y crimen organizado ha tomado fuerza tras los recientes acontecimientos en Sinaloa. En este contexto, el PRI Michoacán fijó postura al advertir que los hechos no pueden verse como casos aislados, sino como señales de una problemática estructural que impacta la vida pública del país.

Durante su posicionamiento, Guillermo Valencia, también conocido como Memo Valencia, cuestionó la congruencia del partido en el poder al señalar que “dice una cosa y hace otra”, al tiempo que criticó prácticas que, desde su perspectiva, reflejan una descomposición en el ejercicio gubernamental.

Uno de los puntos centrales fue el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Para el priismo michoacano, esta decisión no representa un acto de responsabilidad, sino un movimiento que deja más dudas que certezas sobre el fondo del problema.

El contexto en Sinaloa, señalaron, ha estado marcado por altos niveles de violencia, desapariciones, afectaciones económicas y un clima de incertidumbre para las familias. Este escenario refuerza la necesidad de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades con base en investigaciones sólidas.

El PRI Michoacán también advirtió que la posible infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno representa un riesgo directo para la democracia. La intervención de grupos delictivos en procesos políticos, señalaron, distorsiona la voluntad ciudadana y debilita las instituciones.

En ese sentido, el posicionamiento insistió en que la justicia no puede estar sujeta a cálculos políticos. La exigencia es que las autoridades actúen con firmeza, garantizando procesos transparentes y apegados a derecho.

Otro de los elementos señalados fue el impacto nacional de estos casos. Más allá de una entidad, la percepción de complicidad o tolerancia frente a actividades ilícitas afecta la credibilidad del Estado mexicano en su conjunto.

Asimismo, se subrayó que la ciudadanía enfrenta las consecuencias directas de estos escenarios, particularmente en materia de seguridad. La violencia y la incertidumbre generan efectos que van desde el desplazamiento de familias hasta el cierre de negocios y la pérdida de oportunidades.

Finalmente, el PRI Michoacán reiteró que México requiere instituciones fuertes y confiables. Para ello, consideran indispensable que los casos señalados se investiguen a fondo, se deslinden responsabilidades y se garantice que la legalidad prevalezca sobre cualquier interés político.