El PRI Michoacán cuestiona el manejo político de investigaciones y advierte sobre riesgos para el Estado de Derecho En medio del debate nacional sobre justicia y legalidad, el PRI Michoacán ha colocado sobre la mesa una crítica directa a lo que considera una postura contradictoria por parte de Morena en distintos casos de alto impacto. El señalamiento apunta a una falta de congruencia en la forma en que se evalúan procesos judiciales, dependiendo del contexto político y de los actores involucrados. La discusión surge a partir de comparaciones entre casos recientes y anteriores, donde desde la perspectiva del PRI Michoacán, se han aplicado criterios distintos. Mientras en algunos episodios se emitieron juicios anticipados sin esperar resoluciones formales, en otros se ha exigido un estándar de pruebas y procedimientos que antes no fue considerado necesario. Esta diferencia en el discurso ha generado cuestionamientos sobre el uso político de la justicia. Uno de los puntos centrales del posicionamiento es la preocupación por la filtración y exposición pública de elementos que forman parte de investigaciones en curso. El PRI Michoacán advierte que la divulgación de información sensible, particularmente desde espacios de poder, puede vulnerar el debido proceso y afectar la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia. En este contexto, también se ha señalado el papel que juegan distintos niveles de gobierno en la construcción de narrativas públicas sobre estos casos. La utilización de espacios oficiales para emitir juicios o posicionamientos puede, según esta lectura, incidir en la percepción social y en el desarrollo mismo de los procesos legales, generando un entorno de presión mediática. Guillermo Valencia ha sido una de las voces que ha insistido en que el debate debe centrarse en la legalidad y no en intereses políticos. Desde su postura, la aplicación de la ley debe ser uniforme, sin distinciones ni interpretaciones que dependan de coyunturas partidistas, ya que cualquier desviación en este sentido debilita el sistema de justicia. Otro elemento que se ha puesto sobre la mesa es el impacto que este tipo de prácticas tiene en la confianza ciudadana. Cuando los procesos se perciben como selectivos o utilizados con fines políticos, se erosiona la credibilidad institucional y se genera incertidumbre sobre la imparcialidad de las autoridades. Además, el PRI Michoacán ha subrayado que la lucha contra la delincuencia y la corrupción requiere instituciones fuertes, pero también consistentes en su actuación. La aplicación desigual de criterios no solo complica los procesos legales, sino que también envía señales contradictorias a la sociedad sobre el alcance real del Estado de Derecho. Finalmente, el posicionamiento apunta a la necesidad de retomar un enfoque institucional que priorice la legalidad, el respeto al debido proceso y la responsabilidad pública. Para el PRI Michoacán, este momento representa una oportunidad para replantear la forma en que se construye la justicia en el país y garantizar que las decisiones se tomen con base en la ley y no en intereses políticos. Navegación de entradas Alejandro Moreno señala que caso Rocha muestra normalización de la violencia en Sinaloa bajo el gobierno de Morena Vicefiscal de Sinaloa permanecerá en el cargo pese a acusación de narcotráfico de EE.UU.